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El objetivo fundamental del nuevo texto es incrementar la seguridad, estabilidad y resiliencia de la red eléctrica ante episodios de demanda elevada o desequilibrios imprevistos. Entre las medidas previstas destacan:
- Limitación a cinco años de la validez de los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica, con caducidad automática si no se ejecutan dentro del plazo o no están vinculados a una actividad concreta. Esta disposición busca reducir la retención especulativa de capacidad y priorizar proyectos con demanda energética real.
- Transposición de la normativa europea sobre repotenciación de instalaciones eléctricas, con el objetivo de optimizar infraestructuras existentes y mejorar su eficiencia operativa.
- Establecimiento de plazos obligatorios para las respuestas de las empresas distribuidoras ante nuevas solicitudes de conexión, una medida especialmente relevante para acelerar el despliegue de puntos de recarga para vehículos eléctricos y otras instalaciones asociadas a la transición energética.
La tramitación urgente reducirá a la mitad los plazos administrativos, lo que permitirá que las medidas con mayor impacto puedan entrar en vigor de forma inminente, anticipándose a la próxima temporada de alta demanda eléctrica.
Si bien este decreto está orientado a mejorar la infraestructura eléctrica a nivel estatal, su existencia pone de manifiesto un elemento clave: la dependencia de las empresas hacia la red eléctrica y las políticas públicas asociadas. Situaciones como el apagón del 28 de abril evidencian la vulnerabilidad de algunas actividades productivas y servicios esenciales frente a disrupciones imprevistas.
En territorios como la provincia de Tarragona, caracterizada por un fuerte peso industrial, logístico y turístico, esta dependencia es especialmente crítica. Ante este contexto, incrementar la autonomía energética empresarial mediante la autogeneración, el almacenamiento y la gestión avanzada de los consumos se convierte en una estrategia no sólo económica, sino también de resiliencia operativa.
Las Oficinas de Transición Energética Colegiales (OTEC) disponen de una estructura técnica y de acompañamiento pensada para ayudar a empresas, administraciones y entidades a implementar proyectos que reduzcan su dependencia del sistema eléctrico convencional. Este soporte se articula a través de seis líneas de actuación principales:
- Generación renovable propia, especialmente a partir de tecnologías fotovoltaicas y térmico-eléctricas.
- Sistemas de almacenamiento y gestión energética, que permiten optimizar el uso de la propia generación y reducir picos de demanda.
- Infraestructura de movilidad eléctrica, con puntos de recarga para flotas y personal.
- Mejora de la eficiencia energética de procesos e instalaciones.
- Constitución de comunidades energéticas locales, facilitando modelos de producción y consumo compartidos.
- Asesoramiento en trámites y financiación, garantizando una ejecución ágil y ajustada al marco normativo vigente.
Mediante estos vectores de actuación, las empresas pueden avanzar hacia un modelo más autónomo y resiliente, disminuyendo la exposición a disrupciones externas y asegurando una gestión energética alineada con los objetivos de sostenibilidad y competitividad.
La urgente tramitación del nuevo decreto para reforzar el sistema eléctrico es una respuesta necesaria para fortalecer la red y prepararla ante los retos de la transición energética. Sin embargo, la experiencia reciente pone de manifiesto que la resiliencia no puede depender únicamente de la regulación o de las grandes infraestructuras, sino que debe integrarse en la propia estrategia de las empresas. En este sentido, la autonomía energética y la gestión avanzada de los recursos se convierten en factores estratégicos, y las OTEC se posicionan como aliadas clave para hacerlo posible.