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El consejero Germà Gordó convocó a los col • legis profesionales de Cataluña, entre los que estuvo presente el CETIT, el pasado 29 de julio, para informar de la inminente salida de la "Ley de Servicios y Colegios Profesionales", que puede afectar negativamente el actual "status quo" de los col • legis. Gordó criticó el espíritu centralizador e intervencionista de la ley, que según dice: "invade competencias de la Generalitat".
En el encuentro estaban presentes representantes de los grupos políticos catalanes con presencia en el Congreso de Diputados. Joan Coscubiela (ICV), Joan Tardà (ERC), Àlex Sáez (PSC), Mercè Pigem (CIU), Dolors Montserrat (PP) fue la que rompió el fuego, detallando el posible calendario. Dijo que seguramente el viernes día 2 de agosto la ley llegaría al Consejo de Ministros, y que puede pasar en el Congreso a principios de octubre, por trámite ordinario. Según Montserrat la ley aportará: "transparencia, independencia y protección al consumidor" y que se aclararán las funciones de los col • legis y el encaje entre los consejos autonómicos y los "consejos generales" de col • legis, entre otras cosas.
El resto de representantes criticaron la ley desde varios punto de vista y todos ellos coincidieron en que con la mayoría parlamentaria del PP, poco pueden hacer. Con todo, se ofrecieron a recoger las enmiendas que se les hagan llegar los de los col • legis. En el turno de intervenciones posterior el presidente del Consejo de Col • legis de Ingenieros Técnicos Industriales de Cataluña, Narciso Bartina, dijo que: "no podemos renunciar a la autonomía del col • legis".
El decano del CETIT Santiago Crivillé Andreu, hizo una intervención con el sentido del intervencionismo que significa la Ley al introducir representantes de la administración dentro de los col • legis y la incongruencia de que los col • legis tengan que acreditarse ante empresas dependiente del ministerio, ya que son los col • legis entidades de derecho público. Entre todos los asistentes había bastante malestar, de todas formas hay que esperar cuál es el redactado final que aprueban en el Consejo de Ministros próximamente.
El Gobierno del PP justifica la nueva ley como requerimiento de la Directiva de Servicios Europeos, que reclama un mayor liberalización en el sector servicios y la desaparición de trabas burocráticas, esta ley ya está muy retrasada en tiempo según el calendario que marcaba la ley de Servicios Profesionales.
En el encuentro estaban presentes representantes de los grupos políticos catalanes con presencia en el Congreso de Diputados. Joan Coscubiela (ICV), Joan Tardà (ERC), Àlex Sáez (PSC), Mercè Pigem (CIU), Dolors Montserrat (PP) fue la que rompió el fuego, detallando el posible calendario. Dijo que seguramente el viernes día 2 de agosto la ley llegaría al Consejo de Ministros, y que puede pasar en el Congreso a principios de octubre, por trámite ordinario. Según Montserrat la ley aportará: "transparencia, independencia y protección al consumidor" y que se aclararán las funciones de los col • legis y el encaje entre los consejos autonómicos y los "consejos generales" de col • legis, entre otras cosas.
El resto de representantes criticaron la ley desde varios punto de vista y todos ellos coincidieron en que con la mayoría parlamentaria del PP, poco pueden hacer. Con todo, se ofrecieron a recoger las enmiendas que se les hagan llegar los de los col • legis. En el turno de intervenciones posterior el presidente del Consejo de Col • legis de Ingenieros Técnicos Industriales de Cataluña, Narciso Bartina, dijo que: "no podemos renunciar a la autonomía del col • legis".
El decano del CETIT Santiago Crivillé Andreu, hizo una intervención con el sentido del intervencionismo que significa la Ley al introducir representantes de la administración dentro de los col • legis y la incongruencia de que los col • legis tengan que acreditarse ante empresas dependiente del ministerio, ya que son los col • legis entidades de derecho público. Entre todos los asistentes había bastante malestar, de todas formas hay que esperar cuál es el redactado final que aprueban en el Consejo de Ministros próximamente.
El Gobierno del PP justifica la nueva ley como requerimiento de la Directiva de Servicios Europeos, que reclama un mayor liberalización en el sector servicios y la desaparición de trabas burocráticas, esta ley ya está muy retrasada en tiempo según el calendario que marcaba la ley de Servicios Profesionales.