A raíz de la impugnación por parte del Consejo de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales de Cataluña
Las objeciones de nuestro colectivo se plantearon en contra de un decreto que establecía un monopolio que impedía la libre competencia y que perjudicaba seriamente nuestros intereses profesionales.
El mencionado decreto oficial 218/2002 de 23 de Julio, fue publicado el 14 de agosto de 2002 en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña. Había sido redactado en colaboración con la asociación profesional de peritos de seguros y comisarios de averías y de la Unión Catalana de Entidades Aseguradoras y Re aseguradoras. Este decreto, dejado sin efecto por la máxima instancia de justicia en Cataluña, otorgaba carta de naturaleza de entidad representativa a la asociación profesional de peritos de seguros y comisarios de averías, y ponía de manifiesto la voluntad de favorecer a una entidad de carácter estrictamente privado con discriminación de otros colectivos representativos de los diferentes ámbitos profesionales.

