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La Ley de transparencia salarial es una normativa que busca garantizar la igualdad retributiva entre trabajadores, evitando discriminaciones injustificadas en las remuneraciones, especialmente por razones de género. Su objetivo principal es hacer visibles las diferencias salariales dentro de las empresas, de modo que los empleadores y empleados puedan identificar posibles rendijas y actuar en consecuencia. En DATOS Y SERVICIOS te explicamos todos los detalles de la nueva normativa.
Esta ley, impulsada por la Unión Europea, entrará en vigor en nuestro país en junio de 2026.
Su aplicación será progresiva y, en una primera fase, de obligado cumplimiento para las empresas con más de 100 personas trabajadoras.
La normativa prohíbe ciertas prácticas habituales hasta ahora en procesos de selección, como preguntar por el historial salarial de los candidatos. Y también introduce nuevas herramientas legales para que los empleados puedan solicitar información salarial de forma totalmente transparente.
El funcionamiento de la ley se basa en la obligación de las empresas de informar de forma clara y accesible sobre las retribuciones. Esto puede incluir la publicación de tablas salariales, rangos de sueldos por puesto o categoría y justificaciones de los criterios utilizados para determinar los salarios.
Además, en muchos casos, la normativa exige, elaborar un registro retributivo que muestre la media total de los salarios y también la media de los sueldos según género, categoría profesional y lugar.
Cambios en la gestión empresarial
La ley de transparencia salarial puede suponer para las empresas un cambio en la gestión de las políticas internas de recursos humanos. No sólo tendrán que cumplir con la creación de registros y auditorías salariales, sino que también se verán obligadas a revisar las prácticas de contratación y promoción para asegurar que los criterios retributivos sean objetivos y transparentes. Esto puede requerir asesoría legal, capacitación en igualdad y una revisión de los sistemas de compensación ya existentes.
Asimismo, la ley introduce mecanismos de control y sanciones en caso de incumplimiento, con multas que oscilan entre los 626 y los 225.018 euros, según la gravedad, y la obligación de indemnizar al empleado por discriminación.
Si necesitas más información no dudes en contactar con DATOS Y SERVICIOS