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La Agencia Tributaria ha identificado en toda España a más de 1,3 millones de empresas registradas sin actividad económica durante los últimos tres años, lo que representa que hay un 40 por ciento de compañías constituidas que no han declarado ni ingresos ni gastos.
Este dato ha surgido tras una revisión del censo empresarial iniciada en 2022. Hacienda pretende depurar el registro de entidades inactivas que, aunque no operan, siguen figurando oficialmente como sociedades activas.
Te explicamos lo que supone que una empresa esté inactiva.
Según fuentes de la administración, muchas empresas fueron creadas para actividades puntuales o han cesado su operativa sin realizar los trámites legales de disolución.
Lucha contra el fraude
Uno de los motivos por los que la Agencia Tributaria ha incrementado el ritmo de revocaciones de NIF a empresas inactivas es la lucha contra el fraude.
Estas sociedades también pueden ser, en algunos casos, empresas fantasma. Es decir, aquellas que se crean para obtener beneficios fiscales respecto a la tributación como persona física o sociedades pantalla, utilizadas para esconder entramados.
Sanciones
Además de la pérdida del NIF, la legislación prevé cuantiosas sanciones para las empresas inactivas que no cumplan sus obligaciones fiscales. Para empezar, las multas por no presentar las cuentas anuales oscilan entre 1.200 y 60.000 euros, en función del capital social de la empresa.
Mientras, la Agencia ya ha puesto en marcha un proceso de notificación para advertir a los titulares de estas sociedades sobre la necesidad de regularizar su situación.
Las opciones pasan por iniciar de nuevo la actividad o el proceso de liquidación y baja definitiva. Con ello, Hacienda busca limpiar el censo, facilitar la supervisión y reducir la carga administrativa generada por entidades que en la práctica no operan.
Desde el punto de vista económico, el exceso de sociedades inactivas genera una distorsión en los datos macroeconómicos y abre la puerta a posibles usos irregulares, como la elusión fiscal o el blanqueo de capitales.
Con esta acción, la Agencia Tributaria da un paso más en su estrategia de control y eficiencia. Además de mejorar la calidad estadística y administrativa del tejido empresarial, el proceso también servirá para cerrar posibles grietas en el sistema fiscal, reforzando la transparencia y la integridad del marco económico español.
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