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Teresa Ribera, vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, anunció ayer en las comunidades autónomas, durante una reunión telemática de la Conferencia Sectorial de Energía, una ampliación de las ayudas para la movilidad sostenible y autoconsumo, más recursos para que las administraciones gestionen las ayudas, y el mantenimiento de los hitos fijados por la normativa para tramitar proyectos de energías renovables.
La vicepresidenta presentó el informe de ejecución del Plan Más Seguridad Energética (Plan +SE), y recordó que las comunidades autónomas deben remitir los planes de ahorro y eficiencia antes del 1 de diciembre. Durante el encuentro también se trató la evolución del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, cuya implementación depende tanto del Gobierno central como de los regionales.
Más recursos para agilizar expedientes.
En este sentido, a petición de las comunidades autónomas, se ha planteado incrementar hasta el 5% los gastos de gestión de los expedientes que pueden justificar las comunidades autónomas en el programa de Movilidad eléctrica y sostenible (MOVES III), ahora situado en el 2,5 %, y el programa de Incentivos en el autoconsumo, el almacenamiento energético y las instalaciones térmicas con renovables, actualmente al 3%. La subida permitirá aumentar los recursos administrativos y agilizar las tramitaciones.
La vicepresidenta Ribera anunció la próxima ampliación del Programa MOVES III. Destinado a subvencionar la compra de vehículos y la instalación de puntos de recarga y dotado con 800 millones de euros, recibirá 400 millones adicionales, a la vista de su éxito: se han recibido más de 90.000 solicitudes y 15 comunidades autónomas han solicitado su ampliación.
Las diferentes líneas de fomento para las instalaciones de autoconsumo también se verán reforzadas con 500 millones adicionales, de acuerdo con lo previsto en el Plan +SE.
Mantenimiento de los hitos de la tramitación de renovables
Por último, en la Conferencia se confirmó que se mantienen los hitos marcados por la normativa para tramitar los proyectos de energías renovables, con los objetivos de evitar el bloqueo de la capacidad de acceso a la red eléctrica, garantizar la seguridad jurídica de los promotores y demostrar la credibilidad de la Administración a la hora de cumplir sus compromisos.
Los proyectos de renovables tienen cinco años para ejecutarse desde el momento en que obtienen el derecho de acceso a la red eléctrica, con varios hitos intermedios que deben cumplirse. El próximo 25 de enero se cumple el plazo para que numerosos proyectos obtengan la Declaración de Impacto Ambiental.